El Gobierno del Partido Popular ha despejado de un plumazo las
dificultades que los empresarios encontraban a la hora de tramitar
despidos colectivos: amplía las causas objetivas para que se puedan
acoger a este modelo de despido y elimina la autorización previa. Pero
también, acelera la tramitación. De esta forma, la reforma laboral que ayer entró en vigor facilita y formaliza el ERE exprés.
Esta fórmula para reducir las plantillas de forma barata no terminaba
de funcionar como pretendían los empresarios. Hasta ahora, en la
mayoría de los casos, los representantes de los trabajadores y la
dirección de las compañías se veían abocadas a negociar las condiciones
de este despido, lo que provocaba que mejoraran lo que establece la ley:
20 días de indemnización por año trabajado, con un máximo de 12
mensualidades. Y lo hacían porque el ERE debía contar con el visto bueno previo de la autoridad administrativa
(el ministerio de Empleo o las consejerías de Trabajo). Además, si el
ERE no se presentaba con un acuerdo entre las partes los trabajadores
podían acudir al juez. Y esto, podía alargar con exceso el
procedimiento. La situación provocaba que más del 90% de los ERE fueran
pactados y con unas condiciones mejores a las previstas en la
legislación laboral para este tipo de despidos colectivos.
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